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La estatal petrolera –Petróleos del Perú [Petroperú]- solicitó un apoyo financiero para cubrir necesidades de caja y operacionales al Gobierno de la presidenta Dina Boluarte [60] y del primer ministro Alberto Otárola; todo ello con el visto bueno del Ministerio de Economía y Finanzas [MEF], liderado por el cuestionado titular de la cartera Alex Contreras.
En el pedido destaca un hábitat desde la economía andina –sexta en términos de tamaño de renta y de negocios en América Latina- leído desde una recesión [en 2023 y que se prolongará en 2024] y baja recaudación fiscal, consecuencia de la primera.
El dato. Petroperú: sostenibilidad cuestionable.
De acuerdo con el exministro de Economía David Tuesta: “Petroperú es una empresa [estatal] quebrada con una gobernanza de pena. Gobierno corporativo cuestionable, ineficiente y poco transparente a la que no hay que darle ni un centavo”.
No obstante, el Gobierno estudia la posibilidad de brindar a la estatal un apoyo de US$ 2.500 millones.
“Y en el peor momento recaudatorio [del Perú]”, agrega el ex alto funcionario que en una entrevista en una emisora televisiva local advirtió que no es la primera vez que la entidad solicita una ayuda financiera; en 2022, Petroperú levantó –del Gobierno Central [MEF] US$ 1.750 millones.
Según la entidad privada y gremio exportador COMEX Perú, el monto aprobado hace casi dos años equivale a ocho veces el presupuesto de un programa de pensiones para adultos mayores y cuatro veces las necesidades de un programa estatal de alimentación infantil.
De momento, tanto el primer ministro Otárola como el titular del MEF han señalado la negativa de ceder al petitorio de la entidad petrolera del Estado.
“No hay espacio para capitalizar a Petroperú, así se quisiera; estamos al límite de la regla fiscal”, detallaba en setiembre pasado Contreras del MEF: cuando el déficit fiscal registraba un rango de alrededor el 2,8% cuando el techo debió anotar 2,4%.
Según Tuesta, de momento, han renunciado al directorio de Petroperú dos de los seis directore lo que -advierte el ex alto funcionario- complica la situación de la empresa.
No obstante dicen economistas y firmas gestoras de activos consultadas en reserva por operar fondos petrogasíferos en la región, el problema de Petroperú “posee un sesgo político” si llega a manos del Congreso, pues este le “otorga determinado sostén al Ejecutivo"; si es así, “puede ser que al final el Gobierno ceda y le dé el dinero [a Petroperú]”, advierten en confidencialidad desde la ciudad de Lima.
El año pasado, la agencia de calificación crediticia S&P Global Ratings [S&P] ajustó a la baja la nota de la estatal andina por su “débil desempeño”: complicando con ello, la posibilidad de que la petrolera del Estado pueda acceder a apalancamiento privado.
“2023 seguirá siendo un año complicado para Petroperú en medio de la escacez de liquidez que desencadenó un nuevo rescate del Gobierno y la necesidad de renegociar los contratos con una compañía de seguros de créditos a la exportación”, dijo en su momento S&P.
Para economistas, bancos, fondos y firmas gestoras de activos Petroperú debería ingresar en una etapa de reformas y reperfilamiento urgentes.
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