PERÚ: economía andina cierra el año con crecimiento mediocre

Sin potencia.

La sexta economía más grande de Latinoamérica –el Perú- finalizó el 2024 con un avance, en términos de PBI real, torpe y tímido así como tardío al crecer solo por encima del tres por ciento interanual; y con una matriz de gasto de capital [tanto pública como privada] muy por debajo de las expectativas de economistas, bancos, fondos y firmas gestoras de activos.

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CRECIMIENTO SIN BRÍO

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI], la nación sudamericana avanzó +4,85% interaño en el último mes del año pasado; para la lectura doce meses, el Perú creció +3,33% interanual.

El PBI real desestacionalizado –o aquel que no anota choques de demanda estacionales como gastos por escolaridad, navidades, entre otros- registró un cambio en terreno negativo al anotar -0,23% intermes.

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De acuerdo con Juan Carlos Odar de Phase Consultores, “en 2024 hubo una mejora de sectores guiados por la oferta [agro y pesca], impulso fiscal [administración pública y parte en construcción] y mejoras en recaudación por importaciones; esta vez hubo suerte y esto ayudó”.

Agregando que “sin ella [la buena suerte] el crecimiento hubiera sido +2,5% o menos”.

HABLA EL MEF Y LO CORRIGEN

El Ministerio de Economía y Finanzas [MEF] dijo en un panfleto informativo y desde sus redes sociales que “El Perú fue uno de los países que más creció en América Latina en 2024 […] y se posicionó [SIC] junto a Brasil como líderes en la región”.

No obstante lo indicado por el MEF, Odar cauteriza a la entidad detallando que “Brasil creció en 2023 +2,9% en tanto el Perú [ese mismo año] cayó en -0,4%; lo que quiere decir que en dos años, Brasil acumuló un crecimiento superior al +6,0% y Perú un crecimiento menor al +3,0%”.

“Cuidado con el triunfalismo”, porfía el economista.

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DÉFICIT FISCAL E INVERSIÓN PRIVADA

El déficit fiscal –en el 2024- rompió el umbral psicológico del cuatro por ciento, cuando el techo –según la Regla Fiscal del país andino- señala un máximo de -2,0% del PBI real.

“Se trata de un ´resultado económico´ del Gobierno central prácticamente endémico si tomamos en cuenta que desde julio del 2024, el déficit [fiscal] lastra de -4,0% del PBI hasta noviembre donde la partida fiscal ‘mejoró algo’ operando en -3,9% del PBI”, advierten economistas y firmas gestoras de activos consultadas desde Nueva York.

En 2023, el Gobierno solicitó una transferencia del ente pagador del Estado –el Banco de La Nación- y con ello el déficit fiscal de aquel año se moderó; en 2024, economistas y firmas gestoras de activos esperan que se realice una maniobra similar, dicen.

Al cierre del 2023, la inversión privada operó en -7,3% con respecto al 2022; siendo la inversión en minería la que más cayó: -9,6% con relación al año precedente.

“En 2024 no esperamos que esta variable avance notablemente porque ya es conocido por los mercados que se tratará de un rebote estadístico ante un año especialmente desastroso para este indicador: el 2023; sobre todo en minería”, dicen las fuentes consultadas en reserva.

Añadiendo que la inversión pública avanza pero en función a obras de menor calado, dicen.

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CLASE POLÍTICA E INSEGURIDAD CIUDADANA

La clase política en el país andino se convirtió en un reto para los economistas y firmas gestoras.

“Se trata de una clase política maltrecha”, advierten; y en ello destaca una presidenta –Dina Boluarte [62]- cuyo nivel de desaprobación, según encuestas privadas, suma alrededor del 90%. De momento, Boluarte se encuentra –según el Ministerio Público- bajo investigación por presunto enriquecimiento ilícito, dice la carpeta fiscal.

A ello se añade que -indican organismos de derechos humanos, Defensoría y observatorios ciudadanos- son 50 los fallecidos y más de 1.300 heridos durante las revueltas anotadas cuando Boluarte asumió el poder el 7 de diciembre del 2022.

El Congreso cuenta con un nivel de desaprobación del 92% de acuerdo con sondeos privados, y en ello destaca el austero rol –en fondo e imagen- que ha registrado este poder al no diseñar leyes que favorezcan un mejor hábitat institucional que combata –por ejemplo y según economistas y firmas gestoras consultadas- corrupción, inseguridad ciudadana; tampoco leyes a favor de la inversión privada y legislación a favor abrir espacios para una mejor recaudación.

Esta matriz política tan compleja y problemática ha permitido que el Perú cierre en 2024 –según la autoridad de defunciones- con más de 2.000 muertes por extorsión y sicariato así como por minería ilegal y narco, un ecosistema nunca antes visto en esta economía andina; y lo que provoca cuellos de botella –sobre todo- para la pequeña y microempresa sometidas al crimen y sin instituciones que pongan orden en un país “capturado”, según testigos del mercado.

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