El país amazónico ata de contingencias desde la matriz en función a la seguridad ciudadana, y a ello se suma un entorno de liquidez restringida en esta economía petrolera.

Violencia y finanzas públicas

Desde la métrica de S&P Global Ratings [S&P], la nación sudamericana está siendo sometida a escrutinio en términos de sus finanzas públicas.

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Y en función a la capacidad de este país de ejercer el control ciudadano ante una ola de criminalidad leída desde un Estado tomado por mafias de la extorsión y el narcotráfico, muchas de ellas provenientes de Venezuela –por la diáspora tras la crisis en aquel país en 2017- y asentadas en Ecuador hace cinco años, según economistas y firmas gestoras así como medios locales.

Mafias de Venezuela que han “exportado” las actividades delictivas a Colombia, Ecuador, Perú y Chile y vía la población migrante del primero; conociéndose esta red delictiva de Venezuela como “el tren de Aragua”.

Otro tanto, advierten los testigos consultados desde Quito y en confidencialidad por seguridad, son mafias locales que desarrollaron sus actividades delictivas durante el Gobierno del expresidente Rafael Correa: hoy prófugo de la justicia de su país en Bélgica y sentenciado a ocho años de prisión por corrupción a propósito de sobornos 2012 a 2016.

De acuerdo con el fallo judicial, “se trataba de recibir pagos [a favor del partido político de Correa] por parte de una empresa brasilera –Odebrecht- a cambio de “adjudicar contratos millonarios”, indica el Poder Judicial de Ecuador.

La misma figura se habría dado –según la fiscalía del Perú- durante los Gobiernos de Alan García [quien se quitó la vida durante las pesquisas de la fiscalía y policía], Alejandro Toledo y Ollanta Humala: todos expresidentes del Perú;  y durante la candidatura de Keiko Fujimori, por quien la fiscalía ha pedido 30 años de prisión.

La semana pasada, un grupo terrorista criminal –con armas de alto calibre- tomó por una hora un canal de televisión de Guayaquil; en agosto del año pasado, unos sicarios asesinaron en Quito al ex candidato presidencial –opositor de Rafael Correa y uno de sus más tenaces críticos- Fernando Villavicencio, periodista de investigación quien desvelara la trama Odebrecht en su país.

A propósito de las finanzas públicas, S&P llama “tensiones de liquidez” que pesan sobre Ecuador.

La “perspectiva de Ecuador [es] revisada a negativa ante crecientes tensiones de liquidez”, advierte la agencia con sede en Sao Paulo, Brasil para el análisis de emisores corporativos y soberanos de América Latina.

No obstante dice S&P “Se confirman las calificaciones de largo plazo 'B-'” en un informe liberado para clientes.

De acuerdo con la agencia de calificación crediticia, “El desempeño fiscal de Ecuador se ha deteriorado y la capacidad del gobierno para implementar políticas de corrección posiblemente se verá acotada por el corto mandato [del presidente Daniel Noboa (36), accesitario tras la destitución del anterior mandatario Guillermo Lasso (68)] y por la necesidad de abordar la creciente violencia”.

Noboa, el actual primer mandatario es hijo de uno de los hombres más ricos de Ecuador, Álvaro Noboa Pontón [73], propietario de más de un centenar de empresas en el mundo. 

“Una amortización de deuda más sustancial en 2025-2026 y la incertidumbre sobre el acceso de Ecuador a los mercados globales en medio del deterioro del sentimiento de los inversores resaltan los riesgos potenciales de financiamiento”, añade la agencia.

S&P revisó su perspectiva sobre el país amazónico de estable a negativa y confirmó sus calificaciones crediticias soberanas de 'B-/B'.

Agregando que “La perspectiva negativa indica que hay al menos una posibilidad entre tres de una rebaja en los próximos doce a 18 meses si el gobierno no logra abordar la erosión fiscal y restaurar la confianza de los inversores”.

Sustento

De momento y de acuerdo con la métrica de S&P, el 11 de enero de 2024, S&P “revisó su perspectiva de calificación de Ecuador de estable a negativa. También afirmamos nuestras calificaciones crediticias soberanas de largo y corto plazo de 'B-/B'. Nuestra evaluación de transferencia y convertibilidad [T&C] sigue siendo 'AAA'”.

Según S&P, “la perspectiva negativa señala riesgos de que las medidas de política que implementaron las autoridades ecuatorianas puedan ser insuficientes para mejorar las cuentas fiscales y recuperar el acceso al mercado antes de un perfil desafiante del servicio de la deuda a partir de 2025”.

“Los pagos manejables de la deuda comercial este año deberían ayudar a contener los riesgos crediticios. Sin embargo, la amortización se vuelve más desafiante una vez que comienzan los pagos de principal del bono 2030 de Ecuador, que se emitió en la última reestructuración de deuda”, dice.

“Los retrasos en la adopción de medidas para reducir el déficit fiscal y mejorar la confianza de los inversores podrían hacer que al gobierno le resulte más difícil cubrir su déficit de financiación”, detalla la agencia.

El Banco Mundial ajustó la proyección de crecimiento de Ecuador a 0,7 % en 2024.

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